"La Masacre de Avellaneda": Maximiliano Kosteki y Dario Santillan: victimas de la represión policial

A doce años de la muerte de Maximiliano Kosteki y Dario Santillan, sus familias continúan buscando justicia. Sin olvido ni perdón.

Argentina ha sido el escenario de centenas de manifestaciones populares por la situación económica, política y social, que el país estaba atravesando desde que el modelo neoliberal implementado en el 2001 ha entrado en crisis, un modelo de des-regulación y liberalización de los flujos comerciales y financieros inaugurado por el ex Ministro de Economía Martínez de Hoz durante la última dictadura (1976-1983) y profundizado por el también ex Ministro de Economía Domingo Cavallo con las privatizaciones y el Plan de Convertibilidad a partir del segundo año del gobierno de Menem.

En un contexto de malestar popular con toda la “clase política”, el gobierno de Duhalde había sido presentado por sus mismos protagonistas como el último recurso antes de una posible “guerra civil”. Sin embargo, el nuevo gobierno debía atender a diversos frentes de una crisis política, económica y social.

Sin embargo, Desde el punto de vista “social”, mientras el gobierno hablaba de la posibilidad de una “guerra civil”, se evidenciaban los esbozos de una posible convergencia entre las numerosas manifestaciones de descontento social, tan fragmentadas como el pueblo trabajador al que pertenecían: pequeños ahorristas de clase media, muchos de ellos

profesionales, trabajadores estatales, jubilados y una amplia variedad de trabajadores desocupados, dentro de los que se distinguían, además de aquellos nucleados en el movimiento piquetero, los trabajadores que recién despedidos ocupaban las fábricas para evitar el vaciamiento y luchar por la “recuperación bajo gestión de los trabajadores” en un embrionario movimiento de fábricas recuperadas.

En los primeros seis meses de gobierno, Duhalde, que arribaba como único garante del orden en el Conurbano Bonaerense, se encontraba ante el desafío de calmar los ánimos de una clase media enfurecida con los bancos, mientras buscaba el acuerdo del sector financiero para lograr el apoyo del FMI y, así, sustentar una política económica

(hegemonizada por el sector exportador). Por más que las medidas económicas mostraran otra realidad, cada vez que en la explicitación de esta política emergían signos de un discurso “populista”, dirigido fundamentalmente a la clase media, el sector financiero respondía con corridas cambiarías que desestabilizaban al gobierno.

En este sentido,el mes de junio se transformó en el punto de inflexión del conflicto entre los sectores más poderosos de la economía, tal como el mismo venía expresándose desde la caída de De la Rúa. De ahí en más se atenuó la puja re distributiva entre ellos. Un nuevo consenso emergía entre los sectores más concentrados de la industria, de la exportación, y de las finanzas.

Este “consenso” se realizaba a costa de los intereses de los pequeños ahorristas, los asalariados, los jubilados y los desocupados. Por ello, mientras que la escena económica comenzaba a ordenarse, los saqueos y las protestas sociales estaban en aumento. Ahora, los sectores dominantes veían con preocupación la incapacidad de Duhalde para controlar

las protestas piqueteras del Conurbano.

De este modo, el problema de la legitimidad del movimiento piquetero y de la posibilidad de un límite a la fenomenal apropiación capitalista de la riqueza en la reestructuración poscrisis eran las cuestiones que estaban en juego cuando, el 26 de junio de 2002, en el marco de un plan de lucha nacional, la Coordinadora Aníbal Verón y el Bloque Piquetero, junto a otras organizaciones salieron a la calle. En su pliego de reivindicaciones exigían:

• el pago de los planes de empleo (dado que muchos desocupados, a quienes ya les había sido otorgado dicho subsidio, encontraban obstáculos burocráticos para cobrar)

• el aumento de estos subsidios de 150 a 300 pesos (teniendo en cuenta los aumentos en el costo de vida)

• la implementación de un plan alimentario bajo la dirección de los propios desocupados (por fuera de los modelos de gestión de los programas que ofrecía el gobierno)

• insumos para las escuelas y los centro de salud de los barrios

• el desprocesamiento de los luchadores sociales y el fin de la represión

• solidaridad con los trabajadores de la fábrica de cerámicos Zanón de Neuquén (a causa de amenazas de desalojo que se conocieron poco antes de la movilización

El lunes 24 de junio de 2002 el Jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, advirtió que el gobierno nacional utilizaría "todos los medios para hacer cumplir la ley" ante una movilización de organizaciones sociales previstas para el miércoles de esa misma semana.

El 26 de junio de 2002, organizaciones piqueteras bonaerenses coordinaron una acción conjunta para bloquear los accesos a la Capital Federal en un plan de lucha político reivindicativo. Más de cinco mil personas pertenecientes a organizaciones piqueteras de la zona sur del Gran Buenos Aires se dirigían a cortar el Puente Pueyrredón, principal acceso entre las ciudades de Avellaneda y Buenos Aires, cuando fueron cruelmente reprimidas por un operativo combinado de cuatro fuerzas de seguridad. Dos muertos, más de treinta heridos de bala,

cerca de doscientos detenidos y miles de personas huyendo atemorizadas ante el despliegue de una violencia arbitraria y desproporcionada dieron lugar a lo que en muy poco tiempo se recordará como la masacre de Avellaneda: el asesinato a sangre fría de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.

El despliegue de fuerzas represivas que estuvo presente en el lugar fueron: Policía Bonaerense, Policía Federal, Prefectura Naval y Gendarmeria Nacional; los cuales utilizaron como armamento bastones, escudos, pistolas lanza gases, pistolas y escopetas con balas de plomo.

Dos horas después de los incidentes, el oficial Franchiotti apareció en la puerta del Hospital de Lanus, en donde se encontraban todos los heridos y los dos jóvenes que perdieron la vida. En una conferencia de prensa improvisada alcanzo a decir que " nosotros no nos extralimitamos, lo que tratamos de hacer es resistir", pero fue agredido por uno de los piqueteros que se encontraba en el lugar y se retiro hacia el interior del Hospital. Pero lo que quedo en claro en pocas palabras es que consideraba a los piquteros como personas extremadamente violentas.

Al día siguiente las primeras planas de todos los diarios se ocupaban del mismo tema: la brutal represión ejercida y el saldo que había dejado. La Nación lo titulo "Dos muertos al enfrentarse piqueteros con la policía" ; Clarín como "La crisis causo dos nuevas muertes"; Pagina 12 anuncio "La cacería policial terminó con dos muertos a balazos"; entre muchos otros medios que levantaron la noticia.

Mucho se ha dicho, desde entonces, sobre la planificación y la ejecución de esta represión policial criminal. Su consecuencia más directa fue ampliamente reconocida: el adelanto del llamado a elecciones y del traspaso de mando, así como la renuncia a participar de las mismas por parte de Eduardo Duhalde, señalado por los piqueteros como el “cerebro” de la represión. Pocas veces, en cambio, se ha atendido al entramado histórico, las formas de gobierno y las relaciones entre las clases anudadas en esta encrucijada política.

El 27 de junio de 2002 miles de personas marcharon a pie desde el Congreso hasta Plaza de Mayo en homenaje a los militantes asesinados, para reclamar el esclarecimiento de los

crimines y la renuncia de Duhalde.

Ese mismo dìa varios medios publicaron la secuencia de imágenes que retrataba como había sido asesinado Dario Santillan y Maximiliano Kosteki.

Sin embargo el presidente, lejos de hacerse cargo de sus responsabilidades, menciono la posibilidad de que fueran los propios policías quienes asesinaran a Kosteki y Santillan al decir que "aparentemente nuevamente quienes deben custodiar el orden son los que han llevado a cabo esta atroz cacería". "La democracia no tolera que acontecimientos como éstos queden cubiertos por la impunidad", agregó

El 28 de junio de 2002, el periódico Página/12 publicó en su edición las palabras que Kirchner había expresado el día anterior, en referencia a los crímenes perpetrados por la policía bonaerense.

“No quiero ver más argentinos muertos en las calles”, dijo entonces el gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, para expresar su repudio a la represión.

“Estamos indudablemente viviendo una situación de alta conflictividad social en la que el gobierno nacional (entonces a cargo de Eduardo Duhalde) no debería reemplazar su falta de autoridad con autoritarismo”, afirmó.

“El 27 por ciento de desocupación y los 19 millones de pobres abonan el clima de violencia social actual, donde los que no tienen trabajo se quejan y salen a cortar rutas y los que lo tienen se quejan porque se ven perjudicados”, dijo también Kirchner, que además señaló al Poder Ejecutivo como "incapaz de responder a las demandas de la población y en lugar de generar un plan social coherente, condena a la miserabilidad a unos pocos con 150 pesos mensuales”.
Al día siguiente fueron enterrados ambos piqueteros.

El ex Gobernador Bonaerense, Felipe Sola, califico a Franchiotti de "psicópata y asesino".

A un mes de los asesinatos, la Jueza de Garantías de Lomas de Zamora, Marisa Salvo, dicto la prisión preventiva para el comisario Franchiotti y su chófer, el cabo AlejandroAcosta, por homicidio agravado por alevosía. La medida también alcanzo al oficial principal Carlos Quevedo y al cabo primero Lorenzo Colman, bajo los cargos de encubrimiento agravado.

El accionar del Sargento Carlos Leiva, quien disparó balas de plomo, no estaba siendo juzgado porque se mantuvo prófugo de la justicia hasta después de que esta causa fue elevada. Leiva tendrá así un juicio por separado, ya que al momento de efectuar los disparos se encontraba vestido de civil.

A cinco meses de las muertes, unos 12 mil piqueteros, entre los cuales había: desocupados, asambleas barriales, organismos de derechos humanos y familiares de las victimas, marcharon desde la estación de Avellaneda hasta Plaza de Mayo contra la represión y en pedido de justicia por los asesinatos. El avance de los manifestantes fue frenado a penas empezaron a andar sobre el puente Pueyrredon. Por orden de la jueza federal Maria Servini de Cubria, la Policia Federal monto un operativo apoyado por efectivos de la Prefectura y Gendarmeria, y exigió cachear uno por uno de los manifestantes que quisieran ingresar a la Capital Federal. Los piqueteros se resistieron a esta medida. El razonamiento fue que tal pretensión los convertía en sospechosos por el hecho de estar desocupados y querer ir a reclamar a la Plaza de Mayo.La pulseada con el Gobierno para cruzar el puente consumió ocho horas de negociaciones que se resolverían recién al caer la tarde, cuando la columna pudo seguir bajo la fórmula un tanto ridícula de “cacheo visual”, es decir que policías, prefectos y gendarmes se pararon a un costado y observaron desde allí el paso de los marchantes.

La jornada de protesta reunió a 30 organizaciones sociales bajo la consigna “Organización y lucha contra la represión - Que se vayan todos”. Sobre el lomo del puente que une al partido de Avellaneda con la ciudad de Buenos Aires la Policía Federal desplegó cuatro cordones de uniformados. En la primera línea hubo hombres con perros. Detrás efectivos con bastones, gases lacrimógenos y finalmente un camión hidrante. Mirando desde el Riachuelo hacia la Capital seguía el dispositivo de la Prefectura y en un tercer anillo el de Gendarmería. A cargo del operativo, el Ministerio de Seguridad designó al comisario

Alberto Capuchetti, titular de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana y segundo en importancia dentro de la Federal.
Capuchetti fue el encargado de comunicar a los piqueteros que tenía órdenes de cacheo para dejarlos pasar. El comisario informó que cumplía instrucciones de Servini de Cubría, ante lo cual los piqueteros pidieron hablar con la jueza. En el juzgado, según se quejaron ante los medios, nadie les atendió el teléfono.

El 6 de marzo del 2003 el fiscal de Lomas de Zamora, Juan Jose Gonzalez, pidió que los principales acusados por los asesinatos de Kosteki y Santillan sean sometidos a juicio oral.

Además del delito de homicidio agravado por alevosía, les imputa siete intentos de

asesinatos contra Marcial Bareiro, Sebastian Roberto Conti, Walter Javier Medina, Aurora Cividino, Leonardo Raul Escobar Ferrari, Dario Adolfo Pantoja y Miguel Angel Paniagua.

El 20 de junio de ese mismo año, el presidente Nestor Kirchner y parte de su gabinete se reúnen en la casa Rosada con 17 miembros del movimiento de desocupados en el que

militaban los piqueteros muertos. El mandatario se compromete a conformar una comisión investigadora y a dejar a disposición de la Justicia los archivos de la SIDE, para esclarecer el caso.

El 17 de mayo de 2005 comienza el juicio oral y publico por la Masacre de Avellaneda.

El proceso estuvo a cargo del Tribunal Oral Nº 7, integrado por los jueces Roberto Lugones, Jorge Roldan y Elisa Lopez Moyano.

El 1 de junio, el cabo Acosta fue llamado a declarar, siendo este uno de los testimonios mas esperado por los jueces.

“Estábamos desayunando en una confitería: el comisario inspector Fanchiotti, De la Fuente, el comisario Benedetti y quien les habla. En eso entró uno de la SIDE y se acercó a la mesa. Lo reconocí porque él estaba siempre en los cortes de ruta, era el encargado de informarnos quiénes eran los manifestantes que iban a venir, qué querían y cuánto tiempo se iban a quedar. El nos anticipó que ese día iba a haber disturbios”, dijo el cabo Alejandro Acosta.

–¿Les dio algún detalle sobre cómo iban a ocurrir esos disturbios? –le preguntaron en la sala de audiencias.

–No. Solamente dijo eso, que iba a haber disturbios.

–¿Qué hicieron ustedes?

–Dejamos las pistolas reglamentarias en el patrullero y agarramos las escopetas.", sostuvo el ex chófer de Franchiotti.

El motivo de la expectativa era que el cabo nunca había hablado hasta ahora, a pesar de llevar preso dos años y once meses. Cuando por fin lo hizo, involucró a la Secretaría de Inteligencia del Estado en el armado de la represión. También acusó a Fanchiotti por la muerte de Darío Santillán. “El le disparó”, remarco.

“Cuando comenzaron los disturbios –dijo en alusión al choque inicial entre los piqueteros y los policías– corrí 20 o 30 metros por la avenida Mitre. Vi al comisario inspector parado en la vereda; tenía una herida en la oreja. El comisario inspector me pidió que le abriera el patrullero (estacionado en la esquina). ‘¿Vamos al hospital?’, le pregunté. ‘No, abrime el móvil’, me contestó. Se metió al patrullero, sacó de la guantera las postas de guerra y cargó su escopeta. ‘A estos negros hay que matarlos a todos”, me dijo. Corrió hasta ponerse
adelante de la columna de la infantería y comenzó a disparar contra los manifestantes.”

–¿Cuántas municiones de guerra había en la guantera? –preguntó el fiscal.

–Diez.

–¿Cuántas cargó Fanchiotti?

–Habrá cargado cuatro, que es lo que permite la escopeta. Al resto se las metió en el bolsillo derecho de la campera. ", continuo declarando.

“Cuando llegamos a la altura del Carrefour, Vega le comunicó (a Fanchiotti) que teníamos que hacer detenciones. Los manifestantes se iban replegando (por los gases lacrimógenos), estaban a unos 100 metros de distancia de nosotros. Por eso nosotros entramos a la estación (de trenes de Avellaneda), para hacer las detenciones.”

Los peritos que reconstruyeron el asesinato de Darío Santillán en base a las fotos y filmaciones que registraron la escena aseguran que fue el cabo Acosta quien le disparó. Según su análisis, Fanchiotti estaba corriendo delante de Darío Santillán, dándole la espalda, cuando el militante fue baleado. En cambio, al cabo Acosta se lo ve

en las fotografías apuntando contra Darío Santillán, pocos segundos antes de que cayera al piso por el impacto.

Pero no hay ninguna imagen del momento exacto en que ocurrió: las fotos existentes muestran sólo los segundos previos y los posteriores al disparo. Acosta dijo que en el breve lapso que quedó sin fotografiar Darío Santillán se adelantó hasta quedar frente a Fanchiotti y entonces éste le disparó. “Yo le iba gritando que se parara, él no hizo caso, lo pasó al comisario inspector y él disparó.”

"–¿Existe la posibilidad de que de que otra persona haya hecho fuego sobre Darío Santillán? –le preguntó uno de los querellantes.

–No.

–En definitiva, usted está diciendo que Fanchiotti lo mató.

–Sí, eso es lo que estoy diciendo –dijo Acosta."

Anibal Fernandez al declarar como testigo en el juicio oral por los asesinatos de los piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, el funcionario nacional lamentó la muerte de este último, a quien dijo haber conocido y a quien valoró por su "real vocación de

ayuda". Fernández respondió así a preguntas que se le hicieron en el juicio que se sigue en los tribunales de Lomas de Zamora a siete ex policías por esos asesinatos, donde consignó además "desconocer" el contenido de archivos de la SIDE referidos a esa cuestión. El ex Ministro relató que había salido del país "el 14 de junio (de 2002) y volví el 26 de junio a las 15 horas, y los chicos fueron fusilados literalmente el 26 de junio a las 13 horas, con lo cual desconozco qué sucedió".

El 7 de julio de ese mismo año debieron declarar Duhalde y Solà, aunque también fueron convocados a declarar -todos podrán hacerlo por escrito- el ex jefe de Gabinete Alfredo Atanasof; el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra; los ex ministros Horacio Jaunarena (Defensa), Jorge Vanossi (Justicia) y Jorge Matzkin (Interior); y el ex jefe de Gendarmería Julio Miranda.

Kirchner, en el 2005, dispuso la apertura de los archivos de la SIDE para poner a disposición de la Justicia la información que pueda existir en ese organismo en relación a este caso. La decisión presidencial fue informada por el ex Ministro del Interior, Anibal Fernandez. El beneplácito de la defensa de los policías incriminados, pasa por "la posibilidad de probar que existieron infiltrados", durante aquel operativo.

Dicha decisión fue expuesta luego de que el padre de Dario, Alberto Santillan, denunciara que "el presidente Kirchner no cumplió con su promesa de abrir los archivos de la SIDE".

No obstante el abogado de las familias de las victimas, Claudio Pandolfi, advirtió que, en el marco del juicio, ya obtuvieron "un oficio de la SIDE indicando que no existían documentos relacionados a la causa en ese organismo". El ex Ministro del Interior aseguro que "el Gobierno, consustanciado con la necesidad de Justicia, como lo expresa desde el primer momento de su gestión, intenta colaborar una vez mas con esta causa para esclarecerla".

El 7 de diciembre del 2005 el fiscal Alejandro Vidaurre considera probado que los ex policías "dispararon con la finalidad de dar muerte" a las victimas.Ademas afirmo que Franchiotti y Acosta "portaban escopetas cargadas con bala de plomo, que dispararon en dirección de los manifestantes".

El juicio se extendió durante ocho meses , en los cuales hubo mas de 70 audiencias en donde declararon decenas de testigos.

Días antes de que finalizara el juicio y se conociera la sentencia, el comisario Franchiotti expreso que "El 26 de junio de 2002 terminaron con la carrera y la vida de una persona. Hoy, a tres años de cárcel, preferiría estar en el lugar de Kosteki y Santillán".

El 9 de enero del 2006 los jueces Moyano, Lugones y Roldàn condenan a Franchiotti y Acosta a prisión perpetua por los asesinatos de ambos militantes. El fallo ademas contempla las penas de cárcel para los ex oficiales Quevedo, Vega, De La Fuente, Colman y Sierra.

El 20 de febrero del año 2008 Ricardo Casal, el Ministro de Justicia bonaerense, ordeno la intervención de la cárcel de Olmos , luego de que el ex comisario Franchiotti saliera de prisión, sin autorización judicial, para asistir a un asado. Ademas inicio un sumario administrativo en el Servicio Penitenciario Provincial.

El 30 de diciembre del 2011 la Cámara de Casación Bonaerense ratifico la condena de

prisión perpetua a Franchiotti y Acosta, pero sobresee a otros cinco ex policías.

El 18 de junio del 2012 los familiares de Maximiliano Kosteki y Dario Santillan denuncian que Franchiotti y Luna fueron trasladados al Penal de Baradero , donde rige un sistema de detención abierto, como paso previo a su liberación.

El 11 de julio del 2013 el ex presidente Duhalde le pidió por carta a la actual mandataria de la Nación, que abra los archivos de la SIDE sobre el asesinato de los piqueteros, perpetrados hace años durante su gobierno, lo que fue repudiado por familiares y compañeros de las victimas quienes lo tildaron de "mentiroso". En una acción sorpresiva, Duhalde formuló el pedido a Cristina Kirchner basándose en el artículo 16 de la ley 25.520, de Inteligencia Nacional, que determina que el acceso a los archivos clasificados de la SIDE solo será "autorizado en cada caso por el Presidente de la Nación o el funcionario en quien se delegue expresamente tal facultad, con las excepciones previstas en la presente ley". Pidió que para aclarar "las dudas expresadas por los miembros originales de la agrupación creada para reivindicar sus memorias" se "proceda a cumplir con la promesa del ex presidente Néstor Kirchner, en octubre de 2003, de abrir los archivos obrantes en la Secretaría de Inteligencia vinculados con los asesinatos de Kosteki y Santillán y dar pública difusión a los informes".